Alcalde (s) confirmó sumario por caso de fichas de protección adulteradas en la region del biobio

 

Irregularidades se habrían efectuado para favorecer a cercanos del equipo a cargo con beneficios fiscales, sin merecerlos. 

Luego que el encargado del proceso de confección de la Ficha de Protección Social, Christopher Carrasco, fuera sobreseído por el juez de Policía Local, Ignacio Marín, de los cargos hechos en su contra por presuntas adulteraciones en los puntajes de las fichas y, por tanto, facilitar el acceso a beneficios que entrega el Estado, la investigación se vuelve a poner sobre la mesa. Esto porque una comisión del Ministerio de Desarrolló Social notificó al alcalde subrogante de Chillán, Iván Badilla, sobre la necesidad de realizar un sumario al respecto, tras dos meses de investigación.
La solicitud de realizar un peritaje, hecha en su oportunidad por el alcalde Sergio Zarzar, determinó la necesidad de investigar, ahora, a todos quienes participaron en ese proceso de confección y por el caso de 27 fichas presumiblemente adulteradas.
“Hoy (ayer) llegó esa notificación de la Dirección de Desarrollo Social y según los antecedentes que se desprenden de aquí, a través de una investigación que se hizo sobre todos los funcionarios municipales que trabajan en la Ficha de Protección Social, se instruye un sumario contra cada una de las personas sindicadas en el informe. La idea es averiguar si las faltas efectivamente existen y determinar cuáles de ellas, en caso de ser probadas, dan para una amonestación o suspensión, dependiendo de lo que determine el fiscal”, confirmó el alcalde (s) Iván Badilla.
Favorecer a un miembro del Partido Radical con una ficha de protección que dista mucho de su realidad social, como también las de otras personas cercanas al encargado de la ficha, quienes adulteraron los datos, son parte de la investigación que se está llevando a cabo.
Una vez que se constituya un fiscal investigador, el plazo para conocer las sanciones será de 30 días y se espera que tras ese lapso se pueda conocer en forma pública las conclusiones.
Fuentes municipales confidenciaron que fiscal investigador a cargo de este caso es el abogado Ricardo Vallejos, director del Departamento Jurídico municipal, quien ya habría designado a un actuario para que empezara con el trabajo de toma de declaraciones a los involcurados en esta delicada denuncia.

Investigaciones que terminan en nada
Pese a lo anterior, razones para esperar sanciones ejemplificadoras para quienes pusieron en jaque la transparencia de este proceso a cargo de la municipalidad, no  hay muchas. Ya en noviembre de 2011 el entonces seremi de Desarrollo Social, Sergio Giacaman, denunció a diez familias que se hacían pasar por pobres para obtener beneficios, no habiendo sido detectadas por la entidad local.
A eso se sumó que, según una denuncia que ordenó investigar el alcalde, había un profesional que dentro de sus funciones pagaba por realizar encuestas y supuestamente retenía una parte importante del pago a los encuestadores.
El caso quedó en nada y luego de la investigación no se supo más del devenir del asunto hasta que explota este nuevo caso, donde según concejales opositores se muestra una falta de control por parte del municipio.
De todos modos, una vez que Sergio Zarzar solicitó los peritajes respectivos a mediados del pasado agosto, anunció que “tomaré decisiones drásticas”.
Para el concejal Rodrigo Sandoval, “quien determina finalmente si se debe o no aplicar sanciones es el fiscal, independiente de la cercanía que uno pueda tener con sus resoluciones, pero lo importante acá es que se sepa y se determine bien qué fue lo que pasó, porque de haber habido irregularidades será necesario conocerlas en su totalidad para evitar que se vuelvan a repetir, en especial cuando lo que se afecta son los beneficios que el Estado le entrega a la gente que menos tiene”.
Distinto es el discurso del concejal Carlos Hernández, quien se muestra escéptico, citando varios casos en que las investigaciones internas han quedado en nada, como el del profesional que fue contratado para evaluar los daños del terremoto o el caso de las horas extraordinarias asignadas al equipo de abogados y administradores santiaguinos que llegaron al inicio de la administración de Sergio Zarzar. “En el primer caso, el hombre desapareció con el informe y nunca más se supo de él. Esa investigación no terminó en nada y en el segundo ejemplo el asunto fue peor, porque ni siquiera hubo una investigación, entonces en este municipio han pasado cosas irregulares que no se investigan a cabalidad y eso al final va quedando en la retina de la gente”.

Jaque a la transparencia
Hernández cree que las intenciones del alcalde Zarzar pueden en efecto ser transparentes, “pero tal vez en esa materia que fue parte de su discurso más utilizado ha habido ineficiencia. Sin ir más lejos, en el mismo Daem esas platas estancadas las descubrimos nosotros y por parte de la gente del municipio nadie dijo nada; entonces todo esto pone en jaque ese discurso de la transparencia”.
Pese a los resquemores del doctor Hernández, su par Rodrigo Sandoval opina que “no se puede sacar conclusiones a priori y yo espero que este sea un caso aislado, porque este municipio ha sido muy transparente y eso la gente lo tiene más que claro”.